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Tras las vacaciones de invierno, los alumnos de Salta y Neuquén volverán a clase con una novedad: el uso de celulares queda prohibido en el aula. En ambos casos, se trata de normativas sancionadas entre fines del 2024 y este año, pero que comenzarán a regir con el reinicio del ciclo lectivo.
En el caso de la provincia del norte, fue la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, quien adelantó este miércoles el avance en la reglamentación de la Ley N° 8.474, publicada en el boletín el pasado 26 de diciembre.
“El principio general sería la prohibición del uso del celular, salvo que sea a efectos pedagógicos”, señaló la funcionaria durante el streaming de Diálogos.Gob, un ciclo de entrevistas del gobierno provincial con medios locales.
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Según explicó Fiore, la excepción a la ley contempla situaciones en las que el celular forma parte de la dinámica de clase: “Hay muchos docentes que trabajan con el celular y dicen ‘investiguen sobre Güemes, investiguen sobre la independencia’ y lo hacen los chicos con el celular o directamente de la plataforma”.
Aunque la titular de Educación no brindó una fecha específica durante el programa, fuentes del gobierno provincial confirmaron a Infobae que la norma comenzará a correr a partir del lunes 28 de julio, con la vuelta a clases. “Se está terminando la reglamentación pertinente”, aseguraron.
A fines de diciembre del año pasado, el Boletín Oficial de Salta promulgó la ley que regula el uso de dispositivos digitales mediante el Decreto 880. La normativa abarca a los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada.
“Los alumnos no podrán usar dispositivos digitales en el horario de clases, salvo autorización expresa del docente a cargo y/o autoridades del establecimiento, conforme a los casos en los que específicamente se permita su uso”, detalla el artículo 2 del texto.
La ley prevé la implementación de programas de concientización sobre el “uso responsable” de la tecnología, dirigidos a estudiantes, padres y docentes. Además, el Ministerio de Educación deberá evaluar periódicamente el impacto de la normativa en el rendimiento académico de los alumnos, “ajustando las medidas según los resultados obtenidos”.
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