Ante esta situación, Gonzalo Romero, máxima autoridad de la Oficina de Jurados Populares, explicó el procedimiento llevado a cabo por la Cámara y aseguró que este tipo de situaciones son comunes en juicios por jurados y que el proceso judicial no corre riesgo.

«Desde la Oficina de Jurados Populares quiero llevar la tranquilidad a todas las partes y a la sociedad en general de que no hay ninguna complicación con la intervención de los jurados en ninguno de los juicios que se está tramitando en la provincia de Córdoba, incluido el que se lleva adelante en la Cámara 8° del Crimen», indicó Romero, en diálogo con Radio Universidad.

Aclaró que «es común que los jurados populares, sobre todo en un juicio tan extenso, presenten situaciones de salud que hacen que no puedan continuar en la audiencia».

Explicó que, precisamente, previendo que iba a ser extenso el juicio por Blas, «se conformó un jurado de 20 personas, más de los 12 que establece la Ley», y que «se dejaron ocho titulares y 12 suplentes».

Subrayó Romero que estas ausencias son comunes en este tipo de juicios y destacó que «el Tribunal decidió con buen criterio suspender la audiencia» y postergarla para el viernes. Finalmente, enfatizó que «no corre riesgo la continuidad y finalización del juicio».

La causa

En este juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas (que tenía 17 años) y cuatros amigos adolescentes circulaban en un automóvil por el barrio Parque Vélez Sársfield, en el sur de de la ciudad, y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1ro. Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1ro. Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.