El abogado Pablo Olmos, patrocinante de una de las víctimas, instó la reactivación de la causa y presentó una denuncia penal en la Fiscalía General por una serie de irregularidades que detectó. “Una imputación no se puede archivar sin una definición: o se sobresee al imputado o se eleva a juicio la causa”, recalcó a PERFIL CÓRDOBA.

Las denuncias. Fueron cinco las jóvenes que se presentaron en los tribunales para denunciar haber sido víctimas de acosos y abusos por parte del, por entonces, jefe comunal. Fue en 2004. En sus relatos se repitieron detalles de los manoseos y propuestas sexuales para obtener algún plan o dinero. Inclusive, una llegó a contar que estaba embarazada de siete meses y Díaz la perseguía diciéndole que le gustaban las embarazadas, “porque tenemos todo grande y durito”. Les hablaba de sus cuerpos, qué partes le gustaba más y las conminaba a acostarse con él.

Las experiencias soportadas en las sombras por lo que significa hacerlas trascender en un pueblo –que tenía en ese momento 3.500 habitantes– desembocaron, sin embargo, en los despachos judiciales.

Díaz ostentaba mucho poder y las víctimas que lo denunciaron vivían en contextos vulnerables, con padres o maridos que trabajaban en las cosechas de algodón, aceituna o papa, en el mejor de los casos, o changas.

El exfiscal Raul Casado pidió pericias psicológicas a las jóvenes (todas de poco más de 20 años) para verificar “si tenían tendencia a la fabulación” –según las crónicas de aquel año– y si los presuntos abusos habían dejado marcas en sus psiquis. A fines de 2004, Casado lo imputó con la misma calificación legal con que permanece hasta ahora. El expediente pasó luego de los tribunales de Cruz del Eje a los de Deán Funes.

Expediente cajoneado. El abogado Olmos pidió recientemente a la Fiscalía General que investigue presuntos hechos de corrupción judicial.

“Una vez que se produjo la imputación del denunciado a finales de 2004, el fiscal que investigaba se apartó y la causa recaló en la Fiscalía de Deán Funes, en la secretaría del Dr. Reymundo Barrera –describió–, que ocultó la causa de manera deliberada. Sabido es que una causa con imputados y máxime con una imputación tan grave tiene que tener un desenlace, ya sea el sobreseimiento o la elevación a juicio, pero nunca el archivo”.

Olmos reseñó que en numerosas oportunidades consultó sobre el curso de la causa y obtuvo respuestas evasivas. “Las presiones aumentaron, me balearon mi casa, más precisamente el domicilio de mis padres”, denunció. Finalmente, le comunicaron que el expediente se había archivado. Pudo leerlo y decidió formular la denuncia penal al detectar presuntas irregularidades.

Últimas medidas. La investigación por los presuntos abusos está ahora a cargo de la fiscal de Instrucción Fabiana Pochettino, quien confirmó que permanece abierta con la misma imputación. En los últimos meses dispuso la realización de pericias y ordenó la indagatoria, aunque ninguno de los trámites tiene fecha de realización.

UN RADICAL PERONISTA

José Eugenio Díaz llegó a la función pública del semillero del radicalismo cordobés. No obstante, siempre tuvo llegada y buena relación con el peronismo provincial.

Los que recuerdan su paso por la Unicameral señalan un episodio: “Cuando en la anterior composición de la Legislatura se votó entre Orlando Arduh y Javier Bee Sellares para presidir el bloque, dicen que consultó al peronismo cómo votar”. La anécdota significó una derrota para Ramón Javier Mestre.

En la denuncia de Olmos, que está en la Fiscalía General, hay otro dato. El abogado sostiene que Díaz “fue ganando cada vez más poder e influencia de la mano del jefe de los jueces de Paz, Ricardo de Toro, quien ejerce la política de manera activa por más que lo haga en las sombras”. La referencia se puede leer en el escrito presentado ante el fiscal General. Ahora está retirado de la actividad partidaria.

Fuente: Perfil