PUBLICIDAD

La investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años hallado ahorcado en una celda de la Comisaría Sexta de Córdoba, sumó nuevas pruebas tras la incorporación de chats internos entre efectivos policiales que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Las conversaciones pertenecen a un grupo de WhatsApp denominado “Grupo Datos CAP 6”, integrado por cerca de 60 policías, incluidos algunos de alta jerarquía. Los mensajes salieron a la luz luego de que seis efectivos fueran imputados por distintos delitos vinculados al caso, entre ellos privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según surge del expediente, varios policías daban a entender en los chats que sabían que la orden de captura contra Orihuela ya no estaba vigente al momento de detenerlo por segunda vez en menos de 48 horas.

Publicidad

Uno de los mensajes más comprometedores señalaba: “Igual, es por el pedido que le salta. Ya en breve lo dejan QRU”, una expresión policial que significa “sin novedades negativas”. Para la fiscalía, esa frase demostraría que los efectivos conocían que el joven debía recuperar la libertad.

Pese a ello, Orihuela fue trasladado nuevamente a la Comisaría Sexta. En otro mensaje, un policía escribió: “A menos que le pongan resistencia y amenaza”, acompañado de un emoji guiñando un ojo y stickers en tono burlón.

Una detención cuestionada

Tomás Orihuela había recuperado la libertad el 23 de abril tras cumplir una condena condicional en una causa por robo de celulares. Sin embargo, esa misma noche fue detenido durante un operativo policial, pese a portar documentación judicial que acreditaba que no tenía pedidos de captura vigentes.

Horas después fue liberado, pero el oficio judicial quedó retenido en la comisaría.

Dos días más tarde, el sábado 25 de abril, volvió a ser interceptado por policías cerca de su casa en Bajo Pueyrredón. Aunque insistió en que la orden estaba anulada y familiares filmaron el procedimiento, fue esposado y trasladado nuevamente a la dependencia policial.

Según reconstruyó la investigación, el patrullero permaneció varias horas estacionado frente a la comisaría antes de que Orihuela fuera ingresado a una celda, aun cuando la unidad judicial todavía no había recibido formalmente el procedimiento.

Media hora después, el joven fue encontrado ahorcado con su propio buzo.

La autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento y no presentaba signos de golpes. Las cámaras de seguridad indicarían que se encontraba solo dentro de la celda.

Policías imputados y sospechas de encubrimiento

El fiscal Andrés Godoy imputó a seis policías. Una mujer policía quedó detenida, acusada de haber borrado mensajes de su celular. Otros efectivos fueron acusados de homicidio culposo por presuntas negligencias en el deber de custodia.

Además, un comisario fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sospechado de haber facilitado la manipulación de celulares antes de que fueran secuestrados por la Justicia.

La familia de Orihuela, representada por la abogada Marta Rizzotti, sostiene que existió una persecución policial previa y plantea la hipótesis de instigación al suicidio.

El caso volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Policía de Córdoba y abrió un fuerte debate sobre los procedimientos de detención, el manejo interno de las fuerzas y posibles intentos de encubrimiento dentro de la institución.

PUBLICIDAD