Las relator\u00edas especiales de Naciones Unidas analizaron la compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos del protocolo que criminaliza la protesta y de las reformas sobre este tema que incluye el proyecto de ley \u00f3mnibus. Estos mecanismos de expertos enviaron una nota al gobierno argentino indicando que la implementaci\u00f3n de esas medidas es contraria a las obligaciones internacionales del Estado. <\/p>\n\n\n\n
Esta acci\u00f3n de la ONU fue en respuesta a una\u00a0denuncia\u00a0de las centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, pol\u00edticas y de derechos humanos argentinas. En esa presentaci\u00f3n se advirti\u00f3 que estas medidas implican graves riesgos para la vigencia de derechos democr\u00e1ticos fundamentales en la Argentina y que el poder ejecutivo avanz\u00f3 con otras medidas intimidatorias, como el cobro a organizaciones sindicales y sociales de costos por los operativos policiales, que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de montar.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
En una\u00a0carta\u00a0dirigida al gobierno argentino, los relatores analizaron las resoluciones y el proyecto de ley en t\u00e9rminos de compatibilidad con el derecho internacional y los compromisos internacionales asumidos por Argentina . Se\u00f1alaron que es deber del Estado garantizar el ejercicio de la reuni\u00f3n y los dem\u00e1s derechos que se ejercen en contextos de manifestaciones.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la Resoluci\u00f3n 943\/2023:\u00a0protocolo\u00a0para el mantenimiento del orden p\u00fablico ante el corte de v\u00edas de circulaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ONU interpreta que la puesta en marcha de este protocolo implica la criminalizaci\u00f3n de la protesta social a trav\u00e9s del uso del derecho penal. En el informe, le recuerda al Estado que las afectaciones a la libertad de circulaci\u00f3n pueden ocurrir y que esto no suspende la protecci\u00f3n del derecho a la protesta. Los relatores sostienen que la interrupci\u00f3n del tr\u00e1fico de veh\u00edculos o peatones no constituye violencia y que esta situaci\u00f3n no habilita la actuaci\u00f3n de fuerzas de seguridad. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que la obligaci\u00f3n de los agentes de esas fuerzas en una protesta no es controlarla o restablecer el orden, sino proteger y facilitar la protesta pac\u00edfica y, aclara, que solo en casos excepcionales queda habilitada la dispersi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n La ONU recuerda que el Comit\u00e9 de Derechos Humanos estableci\u00f3 que \u201clas reuniones entra\u00f1an un uso leg\u00edtimo de los espacios p\u00fablicos y de otros lugares, y dado que pueden causar, por su propia naturaleza, cierto grado de perturbaci\u00f3n de la normalidad, se deben permitir esos trastornos, a menos que impongan una carga desproporcionada, en cuyo caso las autoridades deben poder justificar detalladamente las restricciones\u201d. Establece, adem\u00e1s, que con esas directivas el poder ejecutivo est\u00e1 violando la divisi\u00f3n de poderes y asumiendo facultades exclusivas del poder judicial.<\/p>\n\n\n\n Sobre la\u00a0Resoluci\u00f3n 949\/2023\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el informe, los relatores indican que como regla general es incompatible el cobro de un operativo de seguridad a les organizadores de una marcha. Ello solo es legal en circunstancias excepcionales que no fueron abarcadas por la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sobre las limitaciones al derecho a la protesta en el proyecto de ley \u00f3mnibus<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n en su an\u00e1lisis, los relatores observan que la propuesta que pretende modificar el art\u00edculo 194 del C\u00f3digo Penal significa una manifiesta forma de criminalizar el ejercicio del derecho a la reuni\u00f3n pac\u00edfica. Adem\u00e1s, agregan que el art\u00edculo 328 del proyecto pretende hacer responsables a las organizaciones por los da\u00f1os que podr\u00edan ocasionar manifestantes y que esto podr\u00eda constituir una restricci\u00f3n al ejercicio del derecho a reuni\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, la ONU se\u00f1ala que la solicitud de autorizaci\u00f3n por parte de organizadores al Estado para realizar una manifestaci\u00f3n es contraria al derecho internacional. Un sistema de notificaciones puede tener el objetivo de facilitar la protecci\u00f3n de la reuni\u00f3n y la reorganizaci\u00f3n de la circulaci\u00f3n. Pero este no debe utilizarse de facto <\/em>como una autorizaci\u00f3n o como una forma de inhibir el ejercicio mediante la exigencia de requisitos de dif\u00edcil cumplimiento, como por ejemplo limitar el tiempo de duraci\u00f3n y cantidad estimada de convocados. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las relator\u00edas especiales de Naciones Unidas analizaron la compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos del protocolo que criminaliza la protesta y de las reformas sobre este tema que incluye el proyecto de ley \u00f3mnibus. Estos mecanismos de expertos enviaron una nota al gobierno argentino indicando que la implementaci\u00f3n de esas medidas es […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9829,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,41],"tags":[2779,1836,2778,2777],"class_list":{"0":"post-9828","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales","8":"category-politica","9":"tag-dnu","10":"tag-javier-milei","11":"tag-ley-omnibus","12":"tag-onu"},"yoast_head":"\n